Tras ser avalada por los congresos de los estados, los diputados emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que reduce la edad para pensionarse y la que instaura un nuevo sistema de vivienda

Este martes, en la Cámara de Diputados se declaró la constitucionalidad de las reformas en materia de Bienestar y vivienda, tras ser avaladas por los congresos locales. 

La reforma en materia de bienestar modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución para reducir de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión y que también sea otorgada a las personas menores de 65 años con alguna discapacidad permanente. La minuta tuvo la aprobación de 22 estados de la República y pasa al Ejecutivo para que sea promulgada.

Por su parte, el proyecto en materia de vivienda modifica y adiciona la fracción 12 del artículo 123 constitucional, el cual ahora establece que las empresas tienen la obligación de “proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas, obligación que se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional”,

Por medio de este fondo se busca instaurar un sistema de vivienda que permita a las personas trabajadoras acceder a un crédito suficiente para hacerse de un hogar o mejorar su patrimonio.

Esta minuta fue avalada por 19 estados, por lo que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, emitió la declaratoria de constitucionalidad y será remitida también al Poder Ejecutivo.

Los diputados también emitieron la declaratoria de publicidad del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos. La primera propone ingresos presupuestarios de 8 billones 56 mil millones de pesos.

Por su parte, la Ley Federal de Derechos, de acuerdo a la Cámara de Diputados, “busca actualizar diversos conceptos y cuotas para el pago de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio de la nación”.

Además, dieron publicidad a la reforma que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas y al dictamen en materia de austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas.